Gestionar el riesgo (II)

España llega tarde a la apertura del turismo europeo en relación con nuestros competidores. Ello es consecuencia directa de la deficiente gestión de la pandemia del Covid-19. El tiempo perdido en la adopción de las medidas de prevención y de contención y en la etapa inicial se paga con el retraso en la apertura de las fronteras y, consecuentemente, con la llegada de turistas. La Comisión Europea pretende que las fronteras interiores de Schengen estén abiertas el 15 de junio, pero el Gobierno español retrasa esta apertura hasta el 1 de julio. Este retraso supone una ventaja sustancial para los competidores directos de los destinos turísticos españoles, que pueden empezar a recibir a los clientes de los operadores europeos, que están ansiosos de reanudar su actividad y, a la vez, implica un negativo mensaje para los clientes potenciales que elegirán destinos alternativos que ofrezcan una imagen más positiva en cuanto a la seguridad sanitaria, elemento que va a ser el factor decisivo en el proceso de elección del destino de vacaciones.

Pero insistir en este punto no lleva a ningún lado. El daño ya está hecho. Lo sustancial en estos momentos es asegurar que la llegada de turistas no implique la aparición de rebrotes epidémicos que arruinarían definitivamente la actividad turística en el destino para la presente temporada. La autorización de corredores turísticos entre un mercado emisor y un destino español, en este caso entre Alemania y Baleares, y que podría extenderse a otras regiones como Canarias o peninsulares, siempre que cumplan los requisitos de que el destino esté en la fase 3 de desescalada y tenga una tasa de infección inferior a 9 casos por 100.000 habitantes, es un experimento paliativo inicialmente positivo, dadas las circunstancias, del cierre de fronteras decretado por el Gobierno español. Sin embargo, este experimento de los corredores puede resultar definitivamente positivo o altamente negativo según la capacidad de control de la pandemia entre los viajeros que lleguen a España. Rebrotes en los destinos serían fatales. Afectarían, en los mercados emisores, a los viajeros potenciales, y en los destinos podría provocar un rechazo de la población residente, que sería una reiteración de la “turismofobia”.

La cuestión, por tanto, radica en los instrumentos que se han diseñado para asegurar que los viajeros que vengan a España no importen la pandemia. Y hay que decir claramente que los requisitos aprobados en una reciente orden ministerial no parecen ser suficientes: rellenar un cuestionario de salud y la toma de temperatura en el lugar (aeropuerto o puerto) de llegada. Estas medidas se complementarían con seguimiento activo del viajero a través de un “monitoreo telemático de su sintomatología”.

Canarias quiere dar un paso más exigiendo que se realice un test PCR a cada turista. Es una medida sustancialmente más efectiva y tendría que aplicarse a todos nuestros destinos. Sin embargo hay que aclara dos cuestiones sustantivas: dónde se realizaría el test al viajero y quien lo financiaría.

En un artículo anterior de esta serie sobre el Covid-19 y el turismo, se recogía la iniciativa lanzada por el expresidente de la Federación Internacional de Tour Operadores (IFTO), Martin Brackenbury, de la realización de los test PCR antes de la salida del viajero. Esta propuesta tiene una serie de ventajas, aunque la seguridad del 100% no existe. El test previo al viaje da seguridad al viajero de no quedar sometido a una cuarentena o a la asistencia sanitaria en el destino; al operador que no tendría que atender a las necesidades del viajero sujeto a la cuarentena en el destino; a la línea aérea y al destino. Si, por el contrario, el test se realiza en el destino y da positivo el problema será para el destino. Hay que señalar que el Ministro de Sanidad alemán ya ha advertido de que no repatriará al viajero. Desde el punto de vista sanitario el destino ha de prestar asistencia sanitaria al viajero y en el aspecto “reputacional” el destino asumiría la imagen negativa, que no se produciría si el test se hubiera realizado en origen.

Cabe preguntarse quién debería asumir el coste de los tests. En principio el viajero sería el primer beneficiario, ya que en el caso de que el test resultara positivo seguramente preferiría superar la infección en su propio país y asistido por su sistema sanitario. También sería beneficioso para todos los elementos de la cadena de valor turístico: operadores, transportistas, hoteleros, que evitarían todas las consecuencias de un viajero infectado. Y desde luego para el destino que evitaría, como antes se ha indicado, el coste de la cuarentena, de la asistencia sanitaria y el impacto negativo en su imagen.

Si este análisis parece razonable ¿qué impide que las autoridades turísticas y sanitarias del destino lleguen a un acuerdo con sus contrapartes de los países de origen y con los actores de la actividad turística de los mercados emisores? A nuestros Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, de Sanidad y de Asuntos Exteriores les corresponde la iniciativa. Por otro lado, aunque esta propuesta está pensada para reactivar el turismo hacia España, nada impide que, a iniciativa española, fuera adoptada por la Comisión Europea para todos sus países miembros.