Dos amenazas al turismo español (II)

El artículo anterior de esta serie sobre el covid-19 y el turismo español analizaba las dos grandes amenazas que acechan a nuestro turismo en estos momentos. Una es de carácter estructural y la otra coyuntural.

La estructural se refleja en la insuficiente valoración que el Gobierno español hace de una actividad que es fundamental para la economía nacional en términos del PIB, el empleo y sus aportaciones a la balanza de pagos y a la balanza fiscal. El Banco de España acaba de publicar, en un informe que señala que por cada euro que no se gasta en turismo cae la facturación en un 3% en otro sector básico de nuestra economía como es la alimentación, que la actividad turística no remontará hasta mediados de 2021. Este argumento debería mover al Gobierno a prestar un mayor apoyo al sector turístico para evitar la destrucción de empresas turísticas y puestos de empleo durante este período. Pero hay otros argumentos de no menor peso a favor de esta ayuda: será el sector económico que más rápidamente se recuperará y el que mayor volumen de empleo rescatará. Las infraestructuras están ahí, la demanda está deseosa de viajar en cuanto lo permitan la seguridad sanitaria, y las condiciones económicas serán solamente un freno temporal y limitado. Cualquier otro sector económico precisará de un más amplio período de recuperación, un mayor volumen de ayuda y sus efectos sobre el empleo serán menores.

La Unión Europea así lo entiende, y estamos asistiendo a la apertura de las fronteras Schengen. En estas decisiones europeas han jugado factores políticos y económicos, siendo el fundamental el reconocimiento por la UE de la importancia del turismo para la economía de la Unión.

Esto ya significa un avance respecto al Gobierno español. Sin embargo se está incurriendo en un grave riesgo, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Para la aceptación del viajero se ha adoptado el criterio del país de procedencia en vez de la prueba serológica. Se ha argumentado en contra de este último criterio que las pruebas son caras y que su validez es temporalmente limitada, ya que el contagio se puede producir en cualquier momento posterior a la prueba. Respecto a su coste hay que señalar que la decisión de viajar es voluntaria para cada viajero y que ya estamos acostumbrados a estar sujetos a una serie de condiciones para poder viajar: disponer de pasaporte, obtener un visado, protegerse con una serie de vacunas. España, como país líder en turismo, debería ser más exigente a la hora de que la Unión Europea determine los criterios de apertura de sus fronteras exteriores. Si ello supusiera una relativa disminución del número de turistas, este inconveniente se vería más que compensado por la mayor garantía de ausencia de casos en los destinos españoles, que en el caso de que surgieran rebrotes infecciosos sufrirían un golpe de incalculables consecuencias.

Respecto a los argumentos esgrimidos en contra de la realización de pruebas serológicas, basta considerar lo que está sucediendo en otros sectores económicos como es el agroalimentario. ¿No hubiera sido más eficiente y menos costoso haber exigido a las empresas que emplean trabajadores temporales provenientes de otros países que hubieran financiado las pruebas serológicas, que habrían evitado los rebrotes más peligrosos que se están produciendo? Resulta paradójico que el Gobierno se vea obligado a realizar estas pruebas serológicas al creciente números de inmigrantes irregulares que arriban a nuestras costas y que se argumente en contra de aplicar esta medida a los viajeros que llegan regularmente a nuestros destinos turísticos.

Los argumentos del coste y de carácter logístico en contra de las pruebas serológicas a los viajeros se van a enfrentar a la realidad de su viabilidad cada vez más evidente. No será cuestión de repetir el famoso error de afirmar la inutilidad de las mascarillas, realizada por el Director del CCAES y por el Ministro de Sanidad en pleno auge de la pandemia, y que se defendió simplemente porque en aquel momento se carecía, por falta de previsión, de disponibilidad de mascarillas para el conjunto de la población española. Cuando ya se pudo disponer de ellas se han convertido en la principal defensa frente a la pandemia. Lo mismo puede ocurrir ahora con las pruebas serológicas.

Dos ejemplos. El primero consiste en que hace muy poco un importante operador alemán trajo a Fuerteventura, invitado por una de las principales cadenas hoteleras española, a 150 agentes de viaje, acompañados de medios de comunicación, en una magnífica operación de comunicación que repetía otra realizada antes en Baleares por la misma compañía hotelera con otro operador. En este viaje se anunció por las autoridades públicas de Canarias “un método novedoso de detección del covid-19 que estará disponible con carácter inmediato”. De hecho se ofreció a los participantes en el viaje a su llegada a Fuerteventura.

La otra iniciativa es, si cabe, todavía más prometedora. El aeropuerto de Frankfurt, en colaboración con Lufthansa y una compañía de biotecnología ha puesto en marcha un sistema consistente en la realización de pruebas serológicas el día anterior al viaje e incluso en el mismo día, cuyos resultados se incorporan a una plataforma digital segura y que se conectan con el billete aéreo. La capacidad actual, escalable, es de 5.000 pruebas diarias.

Entre los países a los que se abren las fronteras Schengen está China, siempre que aplique el principio de reciprocidad. China exige la prueba serológica al viajero que llegue. ¿Se va a aplicar esta exigencia a los viajeros chinos que lleguen a Europa? ¿Y se va a incurrir en la paradoja de no exigirla a los viajeros procedentes de los otros países autorizados?