Rectificando la rectificación: digamos Diego donde dije digo

Esta serie de artículos sobre el turismo y el covid-19 trata de evitar las consideraciones políticas y centrarse en la actividad turística. No obstante, en este caso conviene hacer una inicial referencia al continuo cambio de criterio del Gobierno en otras áreas para poner en contexto las modificaciones de rumbo en el ámbito del turismo. El cambio de criterio para ser admisible conviene que no sea generalizado y que no se quiera presentar en toda ocasión bajo la justificación de la coherencia, y no como una auténtica rectificación. Fuera del ámbito turístico cabe hacer una enumeración no exhaustiva: la alianza con Podemos, rechazada inicialmente con el argumento de la dificultad de conciliar el sueño; el pacto con Bildu para anular la reforma laboral y para aprobar los Presupuestos después de afirmar rotundamente que “jamás, jamás, jamás”; la no necesidad de las mascarillas en la primera etapa de la pandemia; y para citar la más reciente, la imposición del IVA sobre las mascarillas. En todos estos casos las rectificaciones se han querido amparar en criterios de coherencia, aunque para sólo mencionar los referentes a las mascarillas las verdaderas razones fueron, respectivamente, la incapacidad de asegurar el suministro de las mismas y la caída de recaudación (1.568 millones €).

En el ámbito turístico hay que citar el rechazo reiterado de los PCR porque se afirmó que podían generar “una falsa seguridad”. Ahora el Gobierno ha decretado la obligatoriedad de los PCR en origen. Una vez más la rectificación sobre los PCR carece de coherencia: hoy mismo un ministro ha dicho que la transmisión achacable a los viajeros ha sido “insignificante”. ¿Cómo se concilia esta afirmación con la implantación de los PCR y un riguroso sistema de sanciones al viajero? Pero a la falta de coherencia de la medida se une que la misma supone un grave error, letal para la incipiente recuperación del turismo si no se corrige inmediatamente la aplicación de los PCR.

Aparentemente el Gobierno ha dado satisfacción a una petición reiterada por diversas Comunidades Autónomas: Madrid, Canarias, Baleares, Andalucía, Valencia. A la vez el Gobierno afirma que se ajusta a lo establecido en la Recomendación de la Comisión Europea del 13 de octubre de 2020. Ni lo uno ni lo otro. Por el contrario, la rectificación en cuanto a los test se ha hecho en la dirección absolutamente equivocada. El propósito de la Recomendación es evitar la cuarentena que libremente cada país miembro aplicaba, sustituyéndolo por un procedimiento dirigido a garantizar la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. A su vez las CC.AA. buscaban facilitar el retorno del turismo a sus destinos con garantías sanitarias. La medida adoptada por el Gobierno choca frontalmente con estos propósitos.

Esta gravísima equivocación radica en un errado enfoque de los test a los viajeros tanto por parte de las CC.AA., que los han reclamado reiteradamente, como por parte del Gobierno, que se ha negado una y otra vez a implantarlos. El error consiste en contemplar a los test como un medio para restringir la extensión de la pandemia, cuando en realidad hay que considerarlos como el instrumento más eficaz para asegurar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad sanitaria tanto para el viajero, como para el proveedor de servicios turísticos y para el destino. El Gobierno ha mantenido que el porcentaje de casos importados de coronavirus es 0,1%, lo que, en definitiva, supone reconocer que el turismo no ha sido un vector de propagación del virus en los destinos españoles. Se desmonta, así, uno de los mensajes más repetidos y más injustos sobre el turismo. Si a ello se une el esfuerzo realizado por todos los proveedores de servicios turísticos: transportistas aéreos, marítimos y terrestres; hoteleros, hosteleros, etc. se puede transmitir a la población de los destinos el mensaje tranquilizador de que los viajeros que los han elegido no constituyen un riesgo de propagación de la pandemia para la población local.

Caben alternativas a los PCR. En un reciente Plenario de la Mesa del Turismo, los participantes pudimos conocer y someternos voluntariamente a los nuevos test que está poniendo en marcha el grupo sanitario Quirón, que se ha incorporado a la Mesa. Los avances en este campo son rápidos. Desde el PCR, de elevado coste, que en muchos casos hace inviable el viaje, y que exige un período de varios días para conocer los resultados, se ha evolucionado a los test de antígenos, con un coste inferior y resultados más rápidos. Ahora se está dando paso a una tercera generación de test, de carácter menos intrusivo (test de saliva) y en un nuevo tipo que consiste en soplar en un aparato similar al usado para medir el nivel de alcohol de los conductores, que proporciona el resultado en el mismo momento. Los costes se han reducido sustancialmente, así como el tiempo de espera. Por ello, tiene poco sentido que el sistema que se quiera implantar en los aeropuertos y puertos españoles se base en los PCR, cuando existen modelos de test más baratos y rápidos y con un equivalente índice de fiabilidad.

Hay que animar al Gobierno a realizar una nueva rectificación de su rectificación, proceso al que, por otra parte, ya está habituado. Y además se basaría en la coherencia. Consistiría en sustituir los propuestos PCR por los nuevos tipos de test si queremos facilitar la recuperación del turismo hacia los destinos españoles. Mantener la exigencia de los PCR en origen y amenazar con fuertes sanciones al viajero hace inviable la recuperación del turismo hacia los destinos españoles. Se produce el esperpento de que la nueva exigencia de los PCR por parte del Gobierno anula el sistema canario basado en los test de antígenos. Para añadir más confusión, la Presidenta de la C.A. de Baleares ha afirmado que si los turistas no se hacen el PCR en origen los hará el Govern a su llegada. Asimismo esta exigencia hace inviables los esfuerzos de los operadores turísticos de los mercados emisores (TUI, FTI) que habían diseñado un sistema de test de antígenos a su cargo. Así, de un plumazo, se desvanece la esperanza del turismo canario y, por extensión, de cualquier destino español. Así no se ayuda al turismo, sino todo lo contrario. Es difícil imaginar un Gobierno con mayor capacidad para generar caos. El Gobierno debería rectificar y España debería ser la que liderara la aceptación de este nuevo protocolo basado en los test de antígenos en el seno de la Unión Europea. Este protocolo sería igualmente aplicable a la recuperación de los mercados de larga distancia. Ser los líderes en este ámbito supondrá ser los primeros en aprovechar la recuperación de la demanda en los mercados emisores y poner una base sólida lanzar una campaña de comunicación para recuperar nuestra imagen de país y transmitir el mensaje de que los destinos españoles son seguros sanitariamente y, en definitiva, para que nuestro sector turístico supere la gravísima situación en que se encuentra. Digamos Diego donde dije digo.