Ayudas directas al turismo, ya

El reto inmediato al que se enfrenta la actividad turística española es el de la supervivencia. Afecta al conjunto de los sectores y a todas las empresas, pero de forma especial a los subsectores de las agencias y de la hostelería (HORECA) y a las medianas y pequeñas, que constituyen la gran mayoría de nuestro tejido productivo turístico. Una encuesta publicada hoy mismo señala que un 5% de las empresas españolas estiman que están en riesgo de desaparecer, porcentaje que se eleva al 15% si son empresas del sector turístico, y dentro de éste, al 25% si son del subsector HORECA (restauración).

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo ha manifestado rotundamente que “sin turismo no habrá recuperación económica”. Ante el menosprecio de otros miembros del Gobierno hacia el turismo, esta manifestación de la Ministra tiene el pleno respaldo de la Comisión Europea, cuyo representante ha manifestado recientemente que la recuperación del turismo es clave para la recuperación de la economía española. Este mensaje elemental, por tanto tiempo mantenido desde el sector turístico, parece que ha calado en el Gobierno, al menos en sus Ministras responsables del área económica. El problema no es ahora, por tanto, la aceptación de este mensaje sino el tiempo necesario para su aplicación efectiva mediante el diseño e implementación de las ayudas directas.

Las ayudas crediticias, mediante el instrumento de los préstamos ICO, han sido positivas, pero las empresas turísticas, condenadas a la inactividad por decisiones administrativas, basadas en razones sanitarias, no pueden seguir endeudándose más. La falta de ingresos no se debe a una deficiente gestión empresarial sino a la suspensión involuntaria de su actividad. Sin ingresos no se puede hacer frente a los créditos ni recuperar la actividad empresarial. Es el momento, ya hace tiempo lo ha sido, de aplicar medidas de ayudas directas en forma de compensaciones por cese forzado de la actividad y de exenciones fiscales municipales, autonómicas y estatales.

Alguien ha argumentado, muy sensatamente, que estas ayudas recaerán, en definitiva, en el conjunto de los contribuyentes, ya que significarán un mayor gasto público y un mayor endeudamiento público. Sin duda, este es un argumento de mucho peso para los responsables públicos de la economía española, muy afectada por una política de gasto descontrolado en la que prima el efecto sobre la gestión eficaz. Es cierta esta argumentación, pero no es menos cierto que el criterio a aplicar es cuál será el mayor impacto, favorable y desfavorable, para la economía española. Habrá que escoger entre el incremento del gasto público y la deuda o bien la quiebra de muchas empresas, especialmente medianas y pequeñas, y su ausencia será clave en un momento en que se dispare la demanda turística embalsada en los mercados emisores y el sector español, diezmado por la desaparición de empresas y de personal especializado, esté en condiciones desventajosas frente a los destinos competidores.

Se ha publicado que la Ministra de Economía ha señalado que la aplicación de estas ayudas directas se retrasará posiblemente hasta el mes de mayo, ya que el esquema ha de ser aprobado por la Comisión Europea. Esta postura, que parece querer ganar tiempo, es comprensible ante la situación de nuestras financias públicas, pero cabe preguntarse cómo es que otros miembros de la Unión Europea, para los que el turismo es un sector con mucho menor peso en sus economías nacionales, están ya desde hace meses prestando estas ayudas directas a las empresas de sus sectores turísticos. Esta situación trae a la memoria el falaz argumento de la necesidad de aprobación expresa de la Comisión Europea para disminuir el IVA sobre las mascarillas, cuando la autorización general ya había sido formulada por la CE y aplicada por numerosos países miembros.

El Gobierno ha querido trasladar el peso de aplicar ayudas directas al turismo a la Comunidades Autónomas y a los Municipios, y, así, nos encontramos con un esquema que, además de insuficiente, es desigual de modo que una misma empresa con dos establecimientos en diferentes Comunidades Autónomas reciben un trato distinto. También ha pretendido trasladar el problema a la Banca, proponiendo un sistema de quitas de deuda, pero esta falsa solución supondría agravar la situación económica general al poner en cuestión la solvencia del sistema financiero. Diferente tema es la colaboración de la Banca en la identificación de las empresas que sean viables de las que estén irremediablemente dañadas por la prolongación del período de cese de actividad. Este dilema ya se ha planteado en otros países miembros de la Unión Europea para evitar la pervivencia de empresas zombis.

La conclusión parece obvia: no se puede retrasar más el diseño y aplicación de un sistema de ayudas directas, en el que participen el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Municipios. Ha de ser coordinado para que no se generen desigualdades y ha de ser generoso a la vez que discriminatorio. Estamos, una vez más, no sólo ante una decisión de política económica sino también de gestión, ya que si ésta no es efectiva y rápida (el diablo está en los detalles) será ineficaz y tardía, y ello se traducirá indefectiblemente en daño estructural del sector turístico y pérdida de competitividad de una actividad que es fundamental para recuperar a la economía española y evitar, por su impacto en el empleo y por el efecto inducido en otros sectores de la economía, una crisis social que puede amenazar la paz de la sociedad española.

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P.D. Después de escribir este artículo, se ha publicado la noticia de que hoy mismo se ha celebrado una reunión virtual del Fondo Monetario Internacional con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. La Presidenta del FMI ha advertido a la UE que los países miembros han de mantener el apoyo a las empresas y aplicar ayudas directas para evitar el sobreendeudamiento y una escalada de quiebras. La mayor preocupación del FMI respecto a la UE es que aumente la desigualdad entre sus miembros (“La Gran Divergencia 2021” la ha denominado), al ser los grandes países turísticos (España, Italia y Grecia) los que han experimentado una caída del PIB superior al 9% frente al 6,4% del conjunto de la UE, con pérdida de millones de puestos de trabajo de mujeres y jóvenes. Este análisis, por tanto, no es ya la mera opinión personal de su autor, sino que es un modesto eco de la grave preocupación que existe al máximo nivel de las instituciones económicas mundiales.