El "PEPCRM" : un hito de la protección civil y del turismo españoles

La sopa de letras que encabeza este artículo da nombre al “Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de maremotos”. Podía haberse buscado un título más eufónico, pero no más descriptivo. Lo cierto es que su presentación ha alcanzado escaso eco. Hosteltur fue de las pocas publicaciones que recogieron la noticia de que, por fin, “España estrena un sistema de alertas ante tsunamis”. El Plan, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 18 de mayo pasado, fue presentado públicamente por el Ministerio del Interior el 3 de junio en Cádiz. La elección del lugar no fue fortuita. Andalucía, con Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Galicia y Ceuta y Melilla, son las áreas geográficas que presentan un mayor riesgo de maremotos.

Los riesgos de una amenaza, natural o de origen humano (terrorismo, accidente), se miden por un doble criterio: la probabilidad de que ocurran y el potencial del daño que puedan causar. El riesgo de maremotos en España es real y su impacto puede ser devastador para el patrimonio (estructuras, viviendas) y para las personas. Uno de los sectores más afectados sería el turismo de nuestras costas. Históricamente, el terremoto de Lisboa de 1755 destruyó la ciudad y generó un maremoto que arrasó la costa atlántica andaluza. Recientemente hemos vivido episodios como el terremoto de Argelia que causó que barcos en las Baleares aparecieran encaramados en los muelles de sus puertos.

Hay que felicitarse de que se haya llegado a diseñar este Plan. Las Administraciones públicas no suelen ser diligentes en la identificación de riesgos y en la adopción de medidas preventivas que los eviten o atenúen sus efectos. A falta de reconocimiento por la sociedad, que ve lejano e improbable el peligro, los poderes públicos no aprecian la rentabilidad política de su acción.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha desarrollado una notable labor en la gestión de riesgos que afectan de manera grave al turismo, sean catástrofes naturales, accidentes o atentados terroristas. Una de las ocasiones en que la OMT tuvo una reacción efectiva e inmediata fue el tsunami producido por el terremoto en Banda Aceh, la costa noroccidental de Sumatra (Sumatra-Andamán), que provocó más de 275.000 muertos y produjo una gran devastación no sólo en Indonesia, sino también en Tailandia, Sri-Lanka, India, Islas Maldivas y con efectos en lugares tan alejados como las Islas Seychelles, Madagascar y las costas orientales de África. La OMT constituyó inmediatamente un equipo, del que tuve el honor de tomar parte junto con Martin Brackenbury, Presidente de la Federación Internacional de Tour Operadores (IFTO), y el Ralf Corsten, Presidente del operador TUI. El objetivo del equipo era elaborar un informe de los daños padecidos y sus efectos en el turismo, esencial en la economía de las zonas afectadas, y proponer medidas para recuperar la oferta de instalaciones turísticas y recobrar la demanda de los mercados emisores de turismo hacia estos destinos. El informe del equipo fue presentado en la Asamblea extraordinaria que la OMT convocó a primero del mes de febrero en Pukhet (Tailandia). Además de una asombrosa capacidad de recuperación de la oferta turística, se llevó a cabo una inteligente campaña de promoción en los mercados emisores. Sin embargo, el resultado más significativo de la Asamblea fue poner las bases para un sistema regional de alerta de tsunamis, que tratara de evitar la repetición de los catastróficos efectos de un posible tsunami futuro.

Al regresar de aquella tremenda experiencia (miles de vidas perdidas, infraestructuras arruinadas, residencias y hoteles arrasados, barcos varados a kilómetros tierra adentro, trenes enteros arrastrados por las olas gigantescas), la reflexión lógica fue preguntarse si en España, y regionalmente en el Mediterráneo, no había que diseñar y establecer un sistema de alerta de maremotos. Durante un tiempo me dedique a escribir artículos sobre este tema y a plantear esta iniciativa en los cursos de postgrado que me encargaron diversas Universidades. Incluso se planeó la iniciativa de crear un sistema de alerta de tsunamis regional para el Mediterráneo en la Conferencia Mediterránea de Ministros de Turismo que tuvo lugar en Túnez bajo los auspicios de la OMT. Sin embargo, alejado ya personalmente de responsabilidades administrativas y políticas, este apostolado para crear un sistema español y regional de alerta de tsunamis cayó, aparentemente, en el vacío.

Ha sido, por tanto, muy satisfactorio comprobar que aquella vieja idea se ha materializado, y que el Gobierno español dispone de un plan para hacer frente al riesgo de maremotos, que de forma tan grave puede afectar a la población y a la actividad de nuestras zonas costras, y, de forma especial, al turismo.

El Plan dispone, según la información publicada, de los elementos de infraestructura fundamentales: se basa en el Sistema Nacional de Alerta para Maremotos (SINAM), que se nutre de la información recogida por la Red Sísmica Nacional, la red de mareógrafos de REDMAR de Puertos del Estado y de los sistemas de detección del Instituto Español de Oceanografía.

Ahora sólo falta esperar que este esfuerzo organizativo se plasme en procedimientos concretos de actuación que han de ser comunicados a la población de las zonas que puedan verse afectadas, para que, sin alarmismos contraproducentes, se puedan ensayar medidas de respuesta eficaz en el supuesto de que la amenaza de un maremoto pueda materializarse.

Asimismo, sería de desear que este Plan español pudiera ser el núcleo de una coordinación regional de los países mediterráneos- Francia, Italia, Portugal, Grecia, Turquía, Malta, Israel, Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos- para disponer de una respuesta regional al riesgo de maremotos que amenazan tanto las costas atlánticas como las mediterráneas occidentales y orientales. Sería una prueba de la capacidad de liderazgo de España en el turismo, en el que cada vez más prima el factor de la seguridad.