El "pasaporte covid": un poco de sentido común

Si hay algo que caracteriza a la presente situación española es el eterno debate sobre las medidas a adoptar ante un problema. No hay mejor -peor- ejemplo que el denominado “pasaporte covid”. Es el resultado directo de la contumaz postura del Gobierno de no diseñar y aplicar una estrategia nacional ante la gravísima amenaza sanitaria que supone el Sars-2 covid. Esta falta de una estrategia común, que se presente a los ciudadanos con claridad y sin miedo a las posibles reacciones negativas, parece ignorar que la amenaza es común y no entiende de fronteras artificiales. Da la impresión de que sólo se piensa en las consecuencias políticas a corto plazo. El Gobierno español no está sólo en este tema, hoy mismo el discutido Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, ha afirmado que el “pasaporte covid no cree que minimice el riesgo de contagios”. Afirmación que remata la clamorosa ausencia de la OMT en la gestión turística de la pandemia.

En este marco desalentador se vuelve a abrir el debate sobre el llamado “pasaporte covid”. En los momentos más dramáticos de las primeras olas algunos expertos sanitarios argumentaron en contra señalando que dado el escaso número de vacunados no tendría efectos apreciables. Algunos expertos jurídicos añadieron los argumentos de discriminación y de protección de los datos médicos individuales. Lo más sorprendente fue que algunos expertos turísticos apoyaran esta argumentación, sin valorar lo que el “pasaporte covid” podría suponer para facilitar la actividad turística, en forma de viajes y de acceso a las actividades de alojamiento, de restauración y de ocio. Quizás fuera debido al deseo de sintonizar con la posición del Gobierno, reacio a adoptar una estrategia nacional en la gestión de la pandemia. Ahora, al volver a debatirse el “pasaporte covid” los argumentos en contra son, paradójicamente, los opuestos: si ya el 90% de la población objetivo ha sido vacunada, se afirma que carece de sentido el pasaporte. Se ignora, al argumentar así, que el 10% de la población objetivo, unos 3,9 millones de personas, no se ha vacunado o por miedo o por desidia o por rechazo. También se ignora que la implantación del pasaporte supondría un incentivo importante para muchos de los todavía vacunados, que ven negada o restringida su acceso al trabajo, al viaje y al ocio. Este incentivo ya está funcionando en aquellas Comunidades Autónomas, Cataluña. Galicia, Baleares y Aragón, que han solicitado el aval de los tribunales para exigir el pasaporte o certificado de vacunación. En Cataluña el cúmulo de peticiones ha sido tan elevado que ha colapsado las aplicaciones informáticas creadas para este fin.

Once Comunidades Autónomas han solicitado al Gobierno español la adopción de una estrategia nacional respecto al “pasaporte covid”. El Gobierno sigue negándose a ello dejando a las Comunidades Autónomas al albur de las decisiones judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad, que no tienen criterios coincidentes, con lo que se produce una fragmentación que afecta negativamente a la eficacia de la lucha contra la pandemia. Los Gobiernos de los países de nuestro entorno, incluso los dotados con estructuras políticas descentralizadas, han adoptado medidas de ámbito nacional y han implantado, en distinto grado, la validez del “pasaporte covid” para el acceso a actividades colectivas, y hay un clamor para que las medidas se adopten a nivel de la Unión Europea, ya que el virus no conoce líneas fronterizas. Fuera de la Unión Europea, Suiza acaba de aprobar, vía referéndum, la aplicación de esta medida. Frente a esta tendencia generalizada nuestro Gobierno sigue negándose a adoptar medidas de carácter general, dándose la paradoja de ignorar incluso las peticiones de Comunidades Autónomas con gobiernos nacionalistas. Unos creen que la razón de esta postura es el evitar el desgaste político que supone adoptar medidas restrictivas, otros lo achacan a la arrogancia de un Gobierno que no admite que puede estar equivocado.

No son sólo las Comunidades Autónomas las que solicitan que se adopten medidas de carácter general. También lo pide el sector turístico, que es consciente que aplicar el “pasaporte covid” supone una carga adicional de trabajo y de responsabilidad, pero que es consciente de que es el medio apropiado para mantener un nivel imprescindible de actividad que le permita sobrevivir. Así lo acaba de manifestar el Presidente de los restauradores españoles. Las líneas aéreas, hoteles, restaurantes, museos, lugares de ocio, espectáculos culturales y deportivos se manifiestan partidarios de aplicar el “pasaporte covid”. Frente a este clamor generalizado el Ministerio de Sanidad sigue negándose a proporcionar un soporte jurídico suficiente para adoptar decisiones de ámbito nacional. Hay que reconocer que la Ministra responsable de Turismo ha hecho manifestaciones en las que reconoce que el “pasaporte covid” es un instrumento fundamental para mantener viva la incipiente recuperación de nuestros destinos turísticos. Es de temer que, como en ocasiones anteriores, su postura no sea tenida en cuenta por el Gobierno y se ignore que queda comprometida la ya muy complicada situación del sector turístico, de su actividad, de sus empresas y de sus trabajadores. El Gobierno sigue desconociendo que sin la recuperación del turismo no será posible la recuperación de la economía nacional, en especial en una coyuntura de debilidad de otros sectores, por la falta de proveedores, la inflación, cuyos niveles nos remontan a 29 años atrás, y el malestar social que supone el encarecimiento de la energía, de la alimentación y del incremento de la fiscalidad.

¿Es mucho pedir un poco de sentido común y solicitar al Gobierno que diseñe una estrategia nacional en este tema y, de forma más amplia, para hacer frente a la pandemia?