Un análisis de Vivi Hinojosa

Los hoteleros hacen frente a la oferta de alojamiento ilegal

Andalucía, Madrid, Barcelona y Canarias ya han adoptado medidas

Análisis/CEHAT ultima un estudio que presentará a mediados de mes en la Asamblea General de HOTREC en Atenas, en el que analiza las mejores prácticas internacionales en la regulación de la oferta alojativa ilegal que se están desarrollando en otros países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Croacia o Australia. Pero veamos qué medidas se han adoptado en las Comunidades que han tomado la delantera en su regulación y cuáles son los primeros resultados.

La última en anunciar los resultados de su iniciativa ha sido la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), que ha confirmado la apertura de 27 expedientes sancionadores a hoteles clandestinos en un año, según ha publicado HOSTELTUR noticias de turismo, y “numerosas actuaciones previas, de las que muchas han concluido con el cese de actividad”. Y es que hace un año se constituyó la primera mesa en España que detecta y denuncia los inmuebles que “ejercen de alojamientos turísticos sin tener licencia para ello”.

La Asociación ha habilitado una dirección de correo electrónico, yotambiencontralosilegales@hotelesdesevilla.com, para que todos aquellos ciudadanos que lo deseen o estén viendo “lesionados sus derechos a residir con seguridad y tranquilidad en un edificio residencial, puedan contribuir a erradicar estas prácticas tan dañinas para nuestra industria y para nuestra economía”.

La coordinación interadministrativa de los organismos públicos y la elaboración de un decálogo para apoyar a los alojamientos legalmente constituidos, que se incluirá en las páginas institucionales de turismo y se difundirá entre los 105 municipios de la provincia, completan sus actuaciones.

La colaboración público-privada resulta fundamental para ejercer un mayor control sobre la oferta alegal. #shu#La colaboración público-privada resulta fundamental para ejercer un mayor control sobre la oferta alegal. Imagen Shutterstock

Pero los hoteleros de Sevilla no han sido los únicos en adoptar medidas. La Consejería de Turismo y Comercio de Andalucía dictó el pasado año 358 actas de infracción de tipo administrativo, un 6,5% de las 5.450 inspecciones realizadas dentro del Plan de inspección de establecimientos turísticos para comprobar que están inscritos en los registros oficiales.

En la Comunidad andaluza se prevé modificar la normativa sobre apartamentos turísticos para recuperar la figura de vivienda de turismo vacacional, “para acabar con la gran bolsa de alquiler clandestino que se está generando por la crisis”, según ha señalado la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta, Manuela González Mañas.

De hecho, Andalucía ha reforzado las inspecciones para "acabar con la competencia desleal". La idea es, añade, “articular mecanismos en colaboración con los Ayuntamientos para que puedan registrarse y los propietarios declaren por esa actividad a la Hacienda pública, pues es economía sumergida”.

Madrid también ultima un decreto para solucionar la ilegalidad en apartamentos turísticos. En este sentido la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha presentado más de 200 denuncias al Ayuntamiento, a la Comunidad y al Gobierno central sin respuesta.

En Barcelona empresarios y administraciones colaborarán en la regulación de la oferta ilegal. Así, el Ayuntamiento ya ha abierto diligencias sobre consultas que el Gremi d' Hotels ha hecho llegar en relación a más de 200 pisos que presuntamente operaban de manera ilegal.

No es un fenómeno nuevo

Pero éste no es un fenómeno nuevo, aunque sí es cierto que se ha acentuado con las facilidades que otorga internet para poner en contacto oferta y demanda, pero que también deja al descubierto esta oferta alegal.

Ya en 2011 Canarias anunciaba medidas contra los alojamientos ilegales como reforzar las medidas de control que ya existían o crear un censo que identifique las actividades irregulares y el número de infractores, para lo que contaba con la ayuda del propio sector turístico.

No en vano los alquileres vacacionales alegales generan una economía sumergida de 2.900 millones de euros, una actividad que ha crecido un 300% en tres años, según los datos facilitados por el secretario general de CEHAT, Ramón Estalella.

 

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