Arabia Saudí sale de compras

Arabia Saudí se abrió al turismo internacional de ocio en septiembre de 2019, o sea, que es un recién llegado a la escena, sin experiencia y con grandes lagunas sociales y políticas, como la falta de democracia, de igualdad, de derechos de los trabajadores, de libertades individuales, que son requisito indispensable para el turismo. En la última parte de este artículo puede ver un resumen del informe de Amnistía Internacional sobre el país.

Desde una visión Occidental, humanista, podríamos decir que Arabia Saudí tiene petrodólares, pero le faltan todos los principios sociales y políticos que acompañan al turismo y al desarrollo social. Sin embargo, en los países europeos se está despreciando el liderazgo en turismo, esta actividad no tiene apenas peso en los Gobiernos, y España es un triste ejemplo de ello, al margen del color del partido o los partidos que gobiernen, y a pesar de que las empresas españolas sí que son líderes en todo el mundo.

El eje de influencia

Así que es posible que vivamos un desplazamiento del eje mundial de liderazgo en turismo, por abandono de unos y voluntad firme de los otros; el dinero puede imponerse a los principios, pero también es triste que los países que se han construido gracias a esos principios, ahora simplemente dimitan.

Arabia Saudí ha salido de compras, y está muy claro. A golpe de talonario ha conseguido, en poco tiempo:

- Ser el destino socio principal en la feria World Travel Market de Londres

- Organizar el llamado "Davos del desierto", el foro "Invest in Humanity" en Riad, con asistencia de autoridades y expertos de todo el mundo, como la ministra española Reyes Maroto. Promovido por el Future Investment Initiative Institute, o FII Institute, que es una organización sin fines de lucro dirigida por el Fondo de Inversión Pública, el principal fondo soberano de Arabia Saudita, totalmente ligado a la familia real saudí.

- Tener un papel, en Londres, de la Cumbre de ministros de turismo, coorganizada por la OMT, la WTM y el World Travel & Tourism Council (WTTC)

- Llevarse a Riad la próxima cumbre del WTTC, que será a finales de 2022

- Ha obtenido la única -de momento- Oficina Regional de la OMT, que ha sido abierta en Riad, a pesar de la experiencia pasada en cuanto a que estas oficinas eran demasiado caras y no funcionaban, y a pesar del peso turístico enorme de países como Egipto, en la zona.

- Ha intentado llevarse a su capital la sede central de la OMT, que está en Madrid desde 1975

Y en noviembre de 2020 se había celebrado en Arabia Saudí, virtualmente, la cumbre del G20, en la que por cierto se negaron a participar -en el proceso paralelo de diálogo con la sociedad civil- más de 220 organizaciones de la sociedad civil como protesta por el historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos.

Me parece un balance considerable si tenemos en cuenta que todo esto empezó a principios de 2021.

Portada de la web sobre Visión 2030, con el príncipe heredero.

La relación con España

España y Arabia Saudí firmaron a finales de octubre, en Riad, un acuerdo de cooperación en materia turística "que incluye la colaboración en el ámbito de la Organización Mundial del Turismo (OMT)", según explicamos en España: acuerdo con Riad mientras medita si sustituye a Pololikashvili, aprovechando la presencia de la ministra Reyes Maroto en el foro saudí.

¿En qué pueden colaborar ambos países desde el punto de vista turístico? En teoría, en que "el reino de Arabia Saudí y España firmaron un acuerdo de cooperación para rediseñar el mapa del turismo y desarrollar el sector en vista de la experiencia de los dos países", según la agencia saudita de noticias SPA.

La "experiencia" de Arabia Saudí en turismo internacional no religioso tiene exactamente dos años de vida

Según las agencias, ambos países "identificaron varios campos en los que España y Arabia Saudí puede jugar un papel de liderazgo para revitalizar el sector del turismo tras la pandemia y convertirlo en uno de los pilares de la recuperación económica". El liderazgo de España es evidente desde hace años por el buen hacer de sus empresas en todo el mundo, pero el liderazgo saudí todavía está por demostrar, igual que su capacidad por convertirse en un país moderno que respete los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad de la mujer, las libertades en general y el juego democrático.

Limando asperezas y buscando inversión

Se hace difícil entender este "ponerse al mismo nivel" que Arabia Saudí en cuestiones turísticas, si no se trata solamente de una pantalla diplomática que pretende "limar asperezas" y si acaso, hacer caer en España y en empresas españolas, con las que se reunió la ministra, algunos de los millones de petrodólares que el país está dispuesto a invertir para convertirse en un "referente" mundial del turismo.

Los tres "temas clave" en que según las agencias "coincidieron" Reyes Maroto y el ministro de Turismo saudí Ahmed al Jatib, y en que los dos países pueden "cooperar", son "la promoción de la sostenibilidad, la transformación digital y la capacitación de los recursos humanos para potenciar las capacidades de los trabajadores del sector".

Habría que ver cómo entiende cada país cada uno de esos aspectos, aunque el informe de Amnistía Internacional (puede verlo si sigue leyendo) sobre Arabia Saudí da una idea bastante clara de su visión.

Visión 2030

De hecho, Arabia Saudí está ya realizando proyectos inmobiliarios y de infraestructuras por valor de 1.000 millones de dólares (851 millones de euros) desde que lanzó en 2016 su plan estratégico de transformación económica Visión 2030, según la consultora inmobiliaria Thomas Farmer. Y ese presupuesto es solamente un tercio del gasto total planteado, lo que se invertirá en cinco años.

El país tiene en marcha un inmenso desarrollo turístico en la costa norte, en el Mar Rojo. En ese proyecto participan, entre otros, el estudio Foster, que también ha diseñado el vecino aeropuerto. Los primeros huéspedes llegarán a finales de 2022.

Los saudíes también desean convertir Yeda en un hub aéreo internacional al tiempo que financian la expansión de la aerolínea nacional saudí.

Cifras que marean

La misma consultora inmobiliaria Thomas Farmer destaca en un análisis que de los 1.000 millones de dólares en proyectos que ya se están ejecutando, casi 575.000 millones han sido invertidos en la construcción de 1,3 millones de viviendas, tres millones de metros cuadrados de oficinas y más de 100.000 habitaciones de hotel en ocho ciudades de nueva construcción, principalmente en la costa del mar Rojo, en el oeste del país.

Otros 300.000 millones de la divisa estadounidense han sido destinados a nuevas infraestructuras, "incluidos una amplia nueva red de ferrocarril para pasajeros y un nuevo aeropuerto para Riad", el cual ha costado 147.000 millones y que se espera que sea la base de una nueva aerolínea nacional.

La capital es otro de los focos de inversión inmobiliaria, pues, según Thomas Farmer, se espera llegar a finales de 2023 con 100.000 nuevas viviendas, tres millones de metros cuadrados de espacio de oficinas nuevas y 12.000 habitaciones de hotel más en ella, en proyectos por valor de 63.000 millones.

A todo esto se suma NEOM, la ciudad futurista orientada al turismo que está siendo construida junto al mar Rojo y el golfo de Áqaba y cuyo coste final se calcula en 500.000 millones

En este enlace pueden verse todos los proyectos incluidos en el programa de inversiones Vision 2030.

Los proyectos más llamativos son, sin duda, el de la ciudad futurista NEOM y el de "The Rig", un complejo turístico en una plataforma petrolera:

La situación del país según Amnistía Internacional

Según el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre Arabia Saudí de 2020/2021, "se intensificó la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión". Los párrafos que siguen están extraídos del informe, que puede verse completo en el enlace anterior.

Al finalizar el año 2020, prácticamente la totalidad de los defensores y defensoras saudíes de los derechos humanos que se sabía que desarrollaban su labor dentro del país estaban detenidos o encarcelados

"Continuaron celebrándose juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado y otros órganos judiciales. Los tribunales recurrieron ampliamente a la pena de muerte, y hubo ejecuciones por una amplia variedad de delitos" continúa el resumen.

Los trabajadores y trabajadoras migrantes "eran aún más vulnerables a los abusos y la explotación debido a la pandemia, y miles de ellos fueron recluidos arbitrariamente y en condiciones terribles, lo que causó un número indeterminado de muertes".

Este es un resumen del informe, por apartados:

Internet, sin libertad de expresión

Las autoridades "intensificaron la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, con la imposición de medidas enérgicas contra la expresión en internet y de restricciones indebidas a la libertad de expresión en relación con las respuestas del gobierno a la pandemia de COVID-19. Sometieron a hostigamiento, detención arbitraria y enjuiciamiento a personas críticas con el gobierno, defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares de activistas y muchas personas más", sigue el informe de AI.

Basándose en tuits u otras formas de expresión pacífica en Internet como prueba, los tribunales invocaban a menudo la Ley de Delitos Informáticos para condenar a quienes criticaban al gobierno o defendían los derechos humanos por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión

Sin partidos políticos

Las autoridades seguían prohibiendo la formación de partidos políticos, sindicatos y grupos independientes de derechos humanos, y según Amnistía Internacional, "detenían, enjuiciaban y encarcelaban a quienes constituían organizaciones de derechos humanos no autorizadas o formaban parte de ellas. Continuaban prohibidas todas las reuniones, incluidas las manifestaciones pacíficas, en virtud de una orden del Ministerio del Interior de 2011".

Entre las personas detenidas o "recluidas arbitrariamente había miembros de la familia gobernante y ex autoridades gubernamentales y familiares suyos. En abril, un año después de su detención, se confirmó en una cuenta oficial de Twitter la reclusión sin cargos de Basma bint Saud al Saud, hija del exrey Saud bin Abdulaziz al Saud y escritora y activista de derechos humanos. Su familia expresó preocupación por su salud, pues tenía dolencias previas que requerían tratamiento médico".

Derechos humanos

Las autoridades "detuvieron arbitrariamente, enjuiciaron y encarcelaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y a familiares de activistas de los derechos de las mujeres por sus actividades pacíficas y su labor por los derechos humanos, en aplicación de legislación como la Ley Antiterrorista y la Ley de Delitos Informáticos. Al concluir el año, prácticamente todos los defensores y defensoras saudíes de los derechos humanos se hallaban detenidos sin cargos o estaban siendo juzgados o cumpliendo penas de prisión".

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte, "y se llevaron a cabo decenas de ejecuciones por una amplia variedad de delitos"

En abril, una orden real anunció que se ponía fin al uso de la pena de muerte contra menores de 18 años en el momento del delito en el caso de los delitos para los que la sharia (ley islámica) previera penas discrecionales. La orden estaba en consonancia con la Ley de Menores de 2018, que impedía la imposición discrecional de la pena de muerte a menores de 15 años, salvo en caso de hadd (delito para el que la sharia preveía una pena fija y severa) o de qisas (castigo equivalente al delito cometido).

Las autoridades no respetaban las normas internacionales sobre juicios justos en los casos de pena de muerte y celebraban a menudo procedimientos sumarios y en secreto, en los que no se permitía el acceso de las personas procesadas a defensa letrada o asistencia jurídica. Las personas extranjeras no tenían, por lo general, acceso a servicios de traducción durante las diversas fases de la detención y el juicio.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En julio, miembros de la Asamblea Consultiva, órgano encargado de asesorar al monarca, propusieron una reforma del reglamento de aplicación de la Ley de Nacionalidad saudí para conceder la residencia permanente, sin necesidad de pagar ninguna tasa ni realizar largos trámites, a los hijos e hijas de mujeres saudíes casadas con extranjeros. La propuesta se presentó a modo de solución provisional de las deficiencias de la Ley, que prohibía a las mujeres saudíes casadas con extranjeros transmitir su ciudadanía a su descendencia.

Una noticia positiva fue que, también en julio, un tribunal resolvió que ser “una mujer adulta y racional que vive de forma independiente no es delito”, en la causa abierta contra Maryam al Otaibi, mujer saudí denunciada por su padre —y tutor legal— por abandonar la casa familiar. Maryam al Otaibi había participado activamente en la campaña para poner fin al sistema de tutela masculina. No estaba claro que esta resolución fuera indicativa de que las autoridades tenían la intención de poner fin a la criminalización de las mujeres que se marchaban de casa sin el permiso de su tutor varón, quien podía entonces denunciarlas por “absentismo”.

Continuó la discriminación de las mujeres y las niñas en la ley y en la práctica en relación con el matrimonio, el divorcio y la herencia, y siguieron sin recibir protección suficiente frente a la violencia sexual y otras formas de violencia. Las mujeres acogidas en albergues por haber sufrido abusos en el ámbito familiar seguían necesitando el permiso de un tutor varón para salir de ellos.

La “homosexualidad” siguió estando prohibida en Arabia Saudí y era punible con flagelación y cárcel

Derechos de las personas migrantes

En marzo, al comienzo de la pandemia de COVID-19, las autoridades prorrogaron los permisos de residencia de trabajadores y trabajadoras extranjeros sin coste alguno, y la Comisión de Derechos Humanos saudí anunció la excarcelación de 250 personas extranjeras recluidas por delitos no violentos de inmigración y residencia.

Sin embargo, los aproximadamente 10 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes de Arabia Saudí seguían estando sometidos al sistema de kafala (patrocinio), que daba a las entidades empleadoras facultades desproporcionadas sobre ellos y les impedía salir del país o cambiar de trabajo sin su permiso, lo que aumentaba su vulnerabilidad a los abusos y la explotación laborales. Durante la pandemia de COVID-19, esta situación —junto con las terribles condiciones de vida, la escasa protección jurídica y el acceso limitado a servicios preventivos de salud y a tratamiento— puso a la población trabajadora migrante en una situación de mayor vulnerabilidad todavía y mayor riesgo de contraer la enfermedad.

A partir de marzo, miles de migrantes etíopes, entre los que había mujeres embarazadas y niños y niñas, fueron recluidos arbitrariamente y en duras condiciones en al menos cinco centros de detención del país. Denunciaron falta de comida, agua, atención médica, instalaciones sanitarias y ropa suficientes. Estaban hacinados en celdas, de las que no podían salir. No se abordaban las necesidades específicas de las mujeres embarazadas y madres lactantes. Los niños y niñas recién nacidos, bebés y adolescentes estaban recluidos en las mismas condiciones terribles que las personas adultas.

El príncipe heredero junto con el rey Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, quien quiere que el país sea "una nación líder en todos los aspectos".