Diario 5451 11.12.2018 | 16:26
Hosteltur: Noticias de turismo
El sector del alquiler vacacional del archipiélago balear fija posición frente a la modificación de la Ley del Turismo

Baleares perderá 1.000 M € con la regulación del alquiler turístico

29 septiembre, 2017
  • Más de 20.000 ciudadanos podrían dejar de percibir unos 100 M € con la ley de turismo de Baleares, según el sector del alquiler vacacional
  • Fevitur y demás representantes del sector del alquiler vacacional afirman que los negocios locales, alejados de las principales zonas turísticas,dejarán de ingresar unos 900 M € del año
  • Representantes de ADigital, Fevitur, Airbnb, Homeaway, Rentalia, Fotocasa, Pimeco, SpainHolidays, Hundredrooms, Pimem y Aptur suscriben el manifiesto

La regulación del alquiler turístico en las Islas Baleares causará pérdidas por 1.000 millones de euros, teniendo en cuenta que más de 20.000 ciudadanos podrían dejar de percibir unos 100 millones de euros al año de ingresos extra que usan para hacer frente a sus hipotecas y otras deudas o gastos; al mismo tiempo que los negocios locales, alejados de las principales zonas turísticas, dejarán de ingresar unos 900 millones de euros al año. En total, se dejan fuera de la actividad del alojamiento turístico 65.000 plazas.

Así lo han afirmado los representantes de nueve asocianes y plataformas representativas del sector del alquiler vacacional , al dar lectura a su manifiesto “por un turismo de todos, sostenible y responsable para Baleares” y en el que fijan su posición frente a la modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas, aprobada por el Govern balear el 18 de julio de 2017. El documento ha sido suscrito por los representantes de adigital, Fevitur, Airbnb, HomeAway, Rentalia, Fotocasa, PIMECO, Spain-Holiday.com, Hundredrooms, PIMEN y ApturBaleares.

Baleares perderá 1.000 M € con la regulación del alquiler turísticoBaleares perderá 1.000 M € con la regulación del alquiler turístico

Tras la firma del manifiesto, participaron como portavoces del sector Joseì Luis Zimmerman, director general de Adigital; Tolo Gomila, miembro de la junta de Fevitur; Joan Miralles, presidente Aptur Baleares; y Bernat Coll, presidente de Pimeco, quienes además expusieron la hoja de ruta que seguirán a partir de este momento para dejar sin efecto la ley recién aprobada.

Las organizaciones señalan que "es una ley confusa y desproporcionada contra las familias baleares" que alquilan o comparten su casa, que no va a alcanzar los objetivos comunes de todos los que formamos parte de este sector para construir un modelo de turismo sostenible en las islas baleares, y que provocará efectos muy negativos para el conjunto de la economía balear.

Las acciones que tomarán, según explicó Tolo Gomila, se encaminan por las siguientes vías: "Lo primero y más inmediato es que, tanto la ley como su resumen ejecutivo, están traducidos al inglés y a través de la European Holiday Home Association (EHHA), la asociación europea de apartamentos turísticos, la hemos presentado a la Comisión de la Competencia de Bruselas, porque esta ley de forma clara toca los principios fundacionales de la Comunidad Económica Europea como son el libre mercado y la competencia".

Asimismo, están a la expectativa de que el Estado se persone en este caso ante el Tribunal Constitucional de España, a través de la Abogacía del Estado, dado que, previo a la aprobación de la modificación de la ley y posterior, el Ministerio de Administraciones Públicas envió dos informes y notificaciones al Gobierno Balear indicándole que estaban tocando una serie de leyes estatales en las que no tienen competencias, especialmente la Ley de Propiedad y División Horizontal y la Ley de Arrendamientos Urbanos, "respecto a las comunidades de propietarios urbanos y respecto a decir que cualquier alquiler inferior a 30 días es turístico, con lo que hacen es invertir la prueba de carga, lo cual atenta contra la LAU, en la que no tiene competencias".

La tercera vía es, en caso de que el Estado no se apersonase, cursarán una demanda ante el Tribunal Constitucional. "El inconveniente que tiene es que será muy costoso desde el punto de vista económico, porque los servicios jurídicos a contratar suponen unos honorarios elevados y, por cuestión de tiempo, ya que para poder presentar esa demanda ante el Tribunal Constitucional necesitamos el apoyo de 50 senadores o bien de 50 diputados del Congreso".

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