Asesoría Turística Online

Apreciada Grundi,

Conforme a su consulta, indicarle que habrá que seguir el procedimiento establecido en la ley 13/2002 de 21 de junio, de turismo de Cataluña, en la cual se regula en el artículo 84 y ss. el régimen sancionador, calificando la sobrecontratación, conforme a lo por usted manifestado en su comunicación, como infracción grave (artículo 88, l).

Asimismo le señalamos que el artículo 96 de la referida ley dispone lo siguiente: “ Devolución de cantidades percibidas indebidamente. Con independencia de las sanciones a que se hace referencia en la presente Ley, el órgano sancionador debe imponer al sujeto infractor la obligación de restituir inmediatamente las cantidades que haya percibido indebidamente”. Indicar también que en la misma ley a la que hacemos referencia en el artículo 102 y ss. se estable el procedimiento a seguir, y la denuncia se presenta ante inspección de turismo.

Buenos días María,

Nuestra recomendación es que se realicen separadamente las dos ventas (estancia y excursión). Al realizarse conjuntamente, la venta podría ser considerada como un viaje combinado. Es decir la combinación de al menos dos elementos en un mismo paquete, tal como pueden ser una noche de estancia más otro servicio turístico no accesorio del alojamiento (una excursión). El que vende u ofrece en venta el viaje combinado es denominado “detallista”. El organizador y/o el detallista de un viaje combinado deben tener la consideración de agencia de viajes. Por tanto, el hotel sólo debería informar del servicio de excursiones ofrecido y que es responsabilidad de la empresa proveedora de las mismas.

Apreciada Susana,

Indicarle que para el caso de querer ejercer la actividad por medio de VTC o bien transporte turístico deberá estar lo dispuesto en la legislación correspondiente Ley 14/2005, de 29-12-2005, de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha, suponiendo que quiera ejercer allí su actividad, sin perjuicio de la aplicación de la normativa estatal, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (LOTT) y el reglamento que la desarrolla.

Revisando el artículo 4 de la Ley 14/2005, de 29-12-2005 que versa sobre la clasificación, señalamos que:

1. A los efectos de esta Ley se entenderá por servicios de transporte público de personas los que se presten por cuenta ajena mediante contraprestación económica.

2. En función de su ámbito se clasifican como:

• a) Urbanos: tendrán dicha consideración los que discurran íntegramente dentro de un mismo término municipal.
• b) Interurbanos: Definidos como aquellos que transcurran por el territorio de más de un Municipio.

3. En función de la regularidad de su prestación se clasifican como:

• a) Transportes regulares: cuando se efectúen dentro de itinerarios preestablecidos, y con sujeción a calendarios y horarios prefijados. Estos servicios se dividirán a su vez en:

• i) Permanentes: Cuando se llevan a cabo de forma continuada, para atender necesidades de carácter estable.

• ii) Temporales: cuando se destinen a atender tráficos de carácter excepcional o coyuntural y de duración temporalmente limitada, si bien, puede darse en los mismos una repetición periódica, tales como los de ferias, mercados, vacaciones, u otros similares

• b) Transportes discrecionales: Cuando se lleven a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido. Con carácter general se les aplicarán las siguientes normas:

• i) Los transportes discrecionales de personas no podrán realizarse con reiteración de itinerario, calendario u horario preestablecidos.

• ii) La contratación y cobro se realizará por la capacidad total del vehículo, con excepción de los supuestos en que se autorice, con carácter excepcional, la contratación y cobro por plaza en los términos que reglamentariamente se establezcan.

• c) Transportes a la demanda: cuando la prestación del servicio se haga depender en algún momento (horario o itinerario) de la previa demanda de quien lo solicita. Los servicios prestados en régimen del transporte a la demanda se circunscribirán al ámbito espacial o las relaciones de tráfico establecidas en el título habilitante y serán de obligada prestación en las condiciones establecidas en el mencionado título.

4. En función de su uso los servicios se clasifican como:

• a) De uso general: dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier persona.

• b) De uso especial: destinados a servir exclusivamente a un grupo específico u homogéneo de personas, tales como escolares, estudiantes, personas enfermas, personas discapacitadas o dependientes y personas trabajadoras.

En caso de querer desarrollar la actividad por transportes a la demanda le sugerimos lea los artículos 30 y siguientes de la misma ley referenciada.

Respecto de los trámites para obtener una VTC le facilitamos un enlace( https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacio...) dónde encontrará toda la información que precisa y le recordamos el contenido final del enlace, a fin de que tenga en cuenta que tal vez esta vía actualmente no sea posible.

Información Adicional:

No es posible el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor en Castilla-La Mancha, mientras exista una desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones otorgadas y los potenciales usuarios del servicio. (Orden Ministerial 36/2008 de 9 de enero, art. 14.1).

Apreciada Sara,

Muchas gracias por realizar esa interesante pregunta.

Partiendo de que la ubicación del domicilio social empresarial y que la prestación de servicios se desarrollará en el ámbito autonómico de Cataluña, la normativa aplicable es la siguiente:

• Decreto 168/1994, de 30 de mayo, de reglamentación de las agencias de viajes.
• Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña
• Con especial atención al Decreto 158/2012, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 168/1994, de 30 de mayo, de reglamentación de las agencias de viajes.

Toda vez se ha detallado la normativa a nivel autonómico que se debe atender a la hora de prestar los servicios referidos, a niveles nacionales y europeos, a efectos de terminar de contestar sus diversas consultas, el marco normativo aplicable a los sistemas Business to Consumer (B2C) indicar que, al estar ante una modalidad contractual a la que responde la contratación electrónica (contratos celebrados a distancia) resultará de aplicación la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (arts. 38 a 48 concretamente), así como la Directiva sobre Contratos celebrados a Distancia y la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el contrato de agencia.

Asimismo, al ser la mayor parte de contratos celebrados con consumidores por vía electrónica, se les aplica el conocido Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Espero haber resuelto su consulta respecto a la normativa aplicable tal y como pretendían.

Buenos días Cath,

Respecto de su consulta indicarle que, las agencias de viajes necesitan obtener una licencia previa. Le informamos que tanto funciones en materia de promoción así como de ordenación del turismo están cedidas a las Comunidades Autónomas, por lo que esta licencia debe solicitarla en su Comunidad Autónoma (Dirección General de Turismo – Servicio de empresas y actividades turísticas).

Deberá revisar la normativa correspondiente a su comunidad autónoma para ver si la actividad que desea desarrollar está encuadrada dentro de las propias de las agencias de viajes y entonces seguir los trámites correspondientes. Como traba, en su caso, recalcaríamos la fianza a presentar, así como el seguro de RC correspondiente.

Los servicios de intermediación turística sí están previstos legalmente. Así, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios regula los viajes combinados, entendiendo por tales aquellos en los que se ofrezca conjuntamente, al menos dos de los siguientes elementos: transporte, alojamiento y otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje. En ese caso, el organizador asumirá la responsabilidad, solidariamente con el resto de agentes que intervengan, con independencia de que cada uno de los operadores facture de forma independiente. Por tanto, la ley sí permite la prestación de estos servicios.

Dicho esto, habrá que estar a lo que establezca la normativa vigente en cada Comunidad Autónoma para la prestación de dichos servicios, incluidas las licencias o autorizaciones necesarias en cada caso.

Lo primero que habrá que analizar es si resulta o no aplicable la legislación española, ya que en el caso de empresas extranjeras podría darse un conflicto de leyes. Así, en términos generales, podemos decir que la legislación española será de aplicación siempre que se pueda entender que el prestador del servicio está establecido en España, o aún estando establecido en algún otro país de la Unión Europea, cuando la normativa española sea más beneficiosa para el consumidor que la legislación del país en que resida el prestador de servicios. En otro caso, habrá que estar a lo que determine la ley del país en el que esté establecido el prestador.

Aclarado lo anterior, y si la conclusión es que resulta aplicable la ley española, entonces habrá que estar a lo que determine la normativa aplicable en cada caso, teniendo en cuenta la Comunidad Autónoma en la que opere.

Si tienen establecimiento permanente en España, se aplicará la normativa española igual que a cualquier otra empresa domiciliada aquí.

En relación con la pregunta planteada, no podemos dar una respuesta acerca de cómo funcionan determinadas empresas dado que desconocemos cómo están constituidas, si tienen algún tipo de subvención, o de dónde obtienen los fondos. En cualquier caso, para realizar una actividad profesional es necesario disponer de las licencias y autorizaciones que exija la normativa aplicable en cada caso. Esas autorizaciones vendrán determinadas por el tipo de actividad y por el territorio en el que se ejecute, ya que en muchos casos se trata de competencias transferidas a las Comunidades Autónomas.